En una exposición que duró seis horas, la ex decana de Derecho y Ciencias Sociales, Adela Seguí, quien por eso además fue miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), criticó duramente la gestión del contador Juan Alberto Cerisola en el marco del juicio que se sigue por las utilidades mineras que la Casa de Altos Estudios recibió de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD).
La abogada recordó que su participación en la causa se inició cuando leyó un informe del ex decano de Ciencias Naturales Florencio Aceñolaza (que fue director de YMAD por la UNT) con respecto a la utilización que haría la Universidad con los fondos recibidos. “Pedí que ese informe se tratara en el Consejo, ya que pensé que si esos dichos eran reales, ya que no teníamos documentación que los avalara, estaban en juego intereses patrimoniales de la universidad”, explicó ante miembros del Tribunal Oral Federal, conformado por Jorge Alejandro Basbús (quien estuvo en forma presencial), Ana Carola Farías, ambos de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca (estos últimos de manera virtual). “En ese informe -refirió Seguí- el ex rector (Cerisola) se había dado por satisfecho a percibir el 40 % de las utilidades de YMAD, e informaba los montos que se habían recibido”.
A preguntas de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, Pablo Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa, Seguí afirmó que “la universidad hasta el día de hoy se pregunta cuál es la ciudad universitaria que se debía construir”. También, durante el interrogatorio del representante de la querella, Rodolfo Burgos, la ex decana aseveró que “durante el período que yo estuve se nos ocultó información sumamente importante que hubiera servido para avanzar en la ciudad universitaria de la que todos hablaban”. Y remarcó que “cuando comenzaron a llegar los fondos se cotizó el lugar dentro del directorio de YMAD y allí iban sobre todo los que habían sido rectores como (Mario) Marigliano, (Rodolfo) Campero o el mismo Cerisola”. Y no tuvo problemas en reafirmar que “hubo operaciones que fueron ruinosas, fuimos defraudados por el rector ya que se permitió que se firmara el memorándum de entendimiento”.
La acusación
Cerisola está acusado por administración fraudulenta de utilidades mineras recibidas por la UNT entre 2006 y 2009 respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas; también, de haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería que correspondía a la UNT mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la Ley nacional de Obras Públicas. Además están siendo juzgados Luis Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-. La causa se relaciona con el manejo de $ 353 millones (unos U$S 85 millones al cambio de entonces) recibidos durante ese período por la UNT por utilidades de la minería. La UNT es dueña -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), formada por la Ley N° 14.771 en 1958, para administrar el yacimiento Aguas de Dionisio. La ley estableció que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT que debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, iniciada a partir de 1948 en San Javier y en Horco Molle durante el rectorado de Horacio Descole. En ese sentido, Seguí afirmó que “la universidad debería haber resignificado el proyecto de Descole si no se podía construir en el cerro”, y recordó que al pedir informes “los consejeros más cercanos a la rectora (Alicia Bardón) eludían el tema” y que cuando llamaron a declarar al referido Aceñolaza “se había olvidado de todo, y me defraudó”. Según ella, “fue relevante conocer cómo se gestó la ciudad universitaria del siglo XXI. Habían reemplazado el proyecto de Descole por un listado de obras, todo explicado en una carilla. Se quería dejar de lado el de Descole diciendo que era inviable, pero sin dar explicaciones. Me quedó la impresión de que cada decano había pedido algo para su facultad. Luego hicieron otro listado con otras obras, ya tenían un monto, y se informa que la UNT ya había recibido 267 millones de pesos”, recordó. Y luego aseguró que “se plantearon edificios nuevos, pero no las necesidades de los edificios más antiguos”. “El nuevo plan universitario no se aprobó nunca. Todo esto fue como rechazar una herencia para construirse una gran casa y uno lo rechaza porque ya tiene la casita vieja”, ejemplificó. “En la rotonda de Horco Molle se habían gastado más fondos que en algunos de los edificios universitarios. Por todo esto le pedimos a la AGN que auditara todos los fondos que habían ingresado desde YMAD”, dijo.
Causa YMAD: “Cerisola se excedió en sus funciones”, afirmó un ex decano de la UNTA preguntas de las defensoras de Cerisola, Silvia Peyracchia y Rosa Luz Casen, Seguí admitió que “no estaba mal que el rector atendiera los pedidos de los decanos”. Pero aseguró que: “esta gestión de Cerisola fue una tragedia social”. “Los fondos que la universidad tenía para percibir sin dudas podían hacer viable la universidad en San Javier”, dijo. Y finalmente preguntada por Alfredo Falú y por Víctor Taleb, defensores de Cudmani y de Sacca, afirmó que “la comunidad universitaria hacía catarsis sobre lo sucedido atribuyéndole a la ingeniera Cudmani y al contador Sacca lo que había pasado. Pero yo no puedo afirmar que hayan cometido algún ilícito”.